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" Un certificado europeo para validar los talentos
Los países comunitarios se comprometen a avalar oficialmente la experiencia y la formación no académica en 2018
Bruselas confía en que el proyecto dinamice el empleo y la movilidad
La acreditación incluirá la formación reglada y la no oficial. / jordi vicent
El mejor profesional no es necesariamente el que pasó cuatro años estudiando para obtener un título oficial. Los años de experiencia, los cursos al margen de la educación reglada y, en ocasiones, la propia vida personal aportan destrezas difíciles de documentar en un currículo. Si el profesional busca trabajo en un entorno conocido, las referencias le pueden ayudar. Pero si decide probar suerte en otro terreno, ¿cómo demostrar sus habilidades? La ola de desempleo que azota Europa ha obligado a los Estados a procurar una solución. Si cumplen lo acordado, la Unión Europea dispondrá, en 2018, de un marco homogéneo para validar los conocimientos adquiridos fuera de los canales oficiales.
La idea llevaba años circulando entre las distintas instituciones
comunitarias, pero la constatación de que casi una cuarta parte de los
jóvenes (y más de la mitad en España) carecen de ocupación animó a la
Comisión Europea a considerarlo urgente. La responsable de Educación,
Androulla Vassiliou, pidió que se aplicara ya en 2015 para mejorar
cuanto antes las perspectivas de empleo de los jóvenes, pero los Estados
se resisten a esa urgencia y han decidido darse tres años más de plazo.
“La validación mejora las habilidades de los jóvenes, que, a veces,
presentan mal los conocimientos que tienen, y las empresas lo valoran.
Además, supone un beneficio potencial enorme para quien no tiene ningún
tipo de cualificación. Y contar con un sistema europeo mejora la
movilidad entre países”, resume Manuel Souto, profesor en la Universidad
de Bath (Reino Unido), con una larga experiencia en estudios sobre esta
materia para la Comisión Europea.
Los países miembros deberán ofrecer herramientas para certificar dos
tipos de habilidades. En primer lugar, lo que los expertos denominan
educación no formal (cursos, talleres, educación para adultos y
cualquier formación que implique la existencia de profesores y alumnos).
En segundo lugar, la llamada educación informal, ajena a las aulas
(aprendizaje de idiomas en el extranjero, actividades de voluntariado,
cuidado de menores...). En este caso, la certificación es más compleja
y, a la vez, más necesaria, porque no hay prueba escrita de esas
destrezas, que pueden provenir de experiencias cotidianas. “Con la
maternidad, por ejemplo, se adquieren competencias que te preparan para
profesiones en las que no habías pensado anteriormente. Se trata de que
la gente vea todas sus habilidades”, explica Souto.
Aunque muchos países realizan ya una cierta validación del
conocimiento de los trabajadores, solo cuatro —Francia, Holanda,
Luxemburgo y Finlandia— disponen de un esquema completo. Los expertos
consideran el modelo francés especialmente acertado. Allí, un trabajador
puede pedir en cualquier momento que se le reconozcan las competencias
profesionales. El interesado deberá documentar lo que sabe y, si el
jurado considera que es suficiente (también le puede pedir pruebas
extraordinarias), le expedirá un título equivalente al del profesional
que lo ha obtenido por la vía formal. “Funciona muy bien pero cuesta
mucho dinero”, considera Bernadette Vergnaud, eurodiputada francesa
experta en mercado interior. Las tarifas para acceder a un proceso de
validación pueden alcanzar los 1.000 euros en Francia, según el último
informe sobre validación en este país que recoge la Comisión Europea.
El acuerdo de armonización que alcanzaron los 27 países comunitarios a
finales del año pasado supone que todos los ciudadanos deberían poder
pedir un reconocimiento público de sus habilidades, sin esperar a que la
Administración abra ningún tipo de proceso para ello. Y establece, sin
especificar precios, que el trámite deberá ser “asequible” para el
ciudadano.
El coste de un esquema de este tipo, homologable al del resto de
países miembros, es el elemento que más hace peligrar su puesta en
marcha temprana. Acuciados por la reducción del déficit y la deuda, los
Estados se resistirán a desembolsar el dinero necesario para contar con
una estructura completa de evaluación (orientadores, jurados, organismos
específicos...). Aunque Bruselas insiste en que este proyecto es “más
relevante que nunca para el funcionamiento del mercado laboral y para
aumentar la competitividad y el crecimiento económico”, a los Estados
les costará verlo, al menos a corto plazo, como una inversión. Además,
siempre podrán escudarse en la letra pequeña de lo firmado: el marco
europeo deberá aplicarse “no más tarde de 2018”, pero “de acuerdo con
las circunstancias y especificidades nacionales”.
El otro gran reto consiste en dotar de prestigio los títulos
expedidos mediante este sistema de validación. “Es importante que no se
estigmatice el hecho de que un título se haya obtenido de manera menos
ortodoxa, sino que el logrado por un proceso de validación del
aprendizaje informal sea visto realmente como equivalente a uno obtenido
por medios formales. Para ello es fundamental que haya un control de
calidad y que los ciudadanos estén informados”, subraya Ernesto
Villalba, de la agencia europea Cedefop, dedicada a la formación
profesional y encargada de elaborar las líneas maestras que deben seguir
los países para poner en marcha estos esquemas. El acuerdo de los
ministros de Educación recoge esa necesidad de que el reconocimiento
otorgado por estos procesos sea equiparable al de la formación
académica.
Una de las recomendaciones del Ejecutivo comunitario consiste en
implicar a empresarios, sindicatos, cámaras de comercio y otras
instituciones ligadas al mercado de trabajo y de la formación. La gran
patronal europea, Business Europe, es favorable en la medida en que
ayuda a hacer más visible el perfil del trabajador. “En general, la
validación de la educación informal y no formal es buena para el
empresario porque le da una idea de ciertas competencias que de otro
modo estarían ocultas. Esta transparencia beneficia también a los
ciudadanos en la medida en que hace visibles sus habilidades. Y permite
mayor eficiencia en el gasto educativo, pues evita repetir aprendizajes
que se han adquirido de manera informal”, destaca Robert Plummer, asesor
de Business Europe. Este experto en asuntos sociales duda, sin embargo,
de que ese reconocimiento requiera la creación de una estructura
europea, pues cree que ya existen herramientas suficientes para
certificar las habilidades.
Los sindicatos discrepan respecto a la suficiencia de lo que ya hay.
“Las normas existen; el problema es que no se desarrollan”, expone
Teresa Muñoz, responsable de Formación de UGT. Muñoz explica los puntos
débiles del sistema español: los procesos de validación son largos,
caros y rutinarios y, sobre todo, no dependen de la voluntad del
trabajador que necesite validar, sino de las ofertas que haga la
Administración de turno —fundamentalmente las comunidades autónomas—
para homologar formación. En época aún de bonanza, se abrieron procesos
de validación para dos profesiones que se entendían de futuro: la
educación infantil y los cuidados médicos, en especial la atención a la
dependencia. Para coordinar los procesos, el Ministerio de Trabajo creó,
en 2009, un comité para la validación de competencias que trabaja con
las comunidades, aunque la situación difiere enormemente de unas a
otras. El País Vasco figura entre las más desarrolladas, según un
informe de la agencia Cedefop sobre España. Pero los datos son
imprecisos y las competencias informales (las que se adquieren sin
necesidad de un profesor) no están reconocidas. Además, como el usuario
no paga por el reconocimiento, los poderes públicos son ahora más
reacios a sufragar una red de informadores, profesores, pruebas,
etcétera.
Pese a todo, el Gobierno considera que la situación ha mejorado desde
2010, año en que está fechado este análisis de Bruselas. Tras el
compromiso adquirido en Bruselas el pasado diciembre, el titular de
Educación, José Ignacio Wert, aseguró que unos 50.000 españoles han
participado en procesos de educación no formal en los últimos meses.
El marco europeo deberá ofrecer información y asesoramiento sobre los
beneficios y las oportunidades de validación. Se prestará especial
atención a lo que Bruselas considera grupos desfavorecidos: parados y
personas en riesgo de serlo. El acuerdo establece que esos ciudadanos
tendrán la oportunidad de someterse a una “auditoría de sus habilidades”
para identificar sus destrezas. El proceso debe desarrollarse en un
tiempo razonable, que el texto fija en seis meses. Es decir, un parado
que tenga conocimientos y experiencia que acreditar debería poder contar
en ese plazo con un documento que los avale y le allane el camino de
retorno hacia el empleo.
Bruselas ve en esta iniciativa un importante incentivo para la
movilidad de los trabajadores. Si las competencias de un profesional son
reconocidas por un país y aceptadas de manera homogénea por el resto,
será más fácil animarse a dar el salto cuando el empleo escasee en un
país. De forma indirecta, también se persigue aumentar el interés de los
europeos por formarse a lo largo de su vida, no solo antes de ingresar
en el mercado de trabajo. El interés es, hasta ahora, limitado. Solo un
8,9% de los adultos participan en actividades de educación formal e
informal, un porcentaje que cae a menos de la mitad entre el colectivo
que más lo necesita, los de bajo nivel educativo, según una reciente
encuesta realizada por la Comisión Europea.
Juan Menéndez-Valdés, director de la agencia Eurofound, que procura
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en Europa, aboga por
la implantación del marco homogéneo. Y pone como ejemplo los niveles de
conocimiento de las lenguas, que sí cuentan con unas categorías
homogéneas e identificables en toda Europa, independientemente de cómo
se hayan obtenido.
Esta iniciativa da también esperanzas a quienes ejercen una profesión
que no está respaldada por un título oficial y que se enfrenta, por un
lado, al intrusismo y, por otro, a las quejas de otros profesionales. Es
el caso de la osteopatía y otras terapias naturales. “No es la solución
definitiva, pero sí que representa un halo de luz”, confía Lluís Miquel
Leiva, presidente del Registro de Osteópatas Profesionales.
El sector lleva tiempo pidiendo una regulación, pues esta disciplina
se estudia en academias privadas pero tanto la duración como los
contenidos varían mucho de un sitio a otro. “Enfrente tenemos colectivos
muy poderosos: médicos y farmacéuticos”, se queja Leiva, que cree que
si existiera una validación homogénea de las capacidades para ser
osteópata, el ejercicio de la profesión sería más sencillo.
Un carné de aptitud
Los más de 26 millones de parados con que cuenta la Unión Europea
obligan a las instituciones a innovar continuamente en la lucha contra
el desempleo. Vistos los devastadores efectos que las políticas de
austeridad provocan en los mercados de trabajo, el Parlamento intenta
abrir camino a nuevas iniciativas, aunque a un ritmo más lento de lo que
exige la situación. Algunas, como el carné profesional europeo,
llevaban años dormidas en los despachos.
“Después de cinco años de reflexión, los países miembros están de
acuerdo en aplicar esta idea”, ironiza Bernadette Vergnaud, la
europarlamentaria que ha impulsado un carné europeo para fomentar la
movilidad de los trabajadores. El documento, que en un futuro debería
asemejarse a una tarjeta de crédito, manejable y equiparable en toda
Europa, permitirá a los trabajadores documentar de una manera sencilla
sus cualificaciones. El carné ya existe como experiencia piloto para
farmacéuticos e ingenieros, así como para los médicos especialistas en
algunos países.
La diputada socialdemócrata francesa cree que el proyecto puede
ponerse en marcha relativamente rápido, entre 2014 y 2015. La Eurocámara
lo promueve dentro de la actualización de la directiva de
cualificaciones profesionales que está tramitando. “Es un instrumento de
seguridad y de confianza, pero también de ciudadanía”, destaca
Vergnaud.
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